La reforma de la autonomía regional diferenciada ha causado un dolor de cabeza a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A la fuerte oposición de izquierda se unen las críticas de los obispos, que dicen que la ley representa un «peligro mortal», ya que podría dividir el país en un norte próspero y un sur marginado. La ley, aprobada en junio, permite que sólo aquellas regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley impulsada por La Liga fue aceptada por Meloni para consolidar su poder, aunque no era su preferencia. Esto hizo difícil explicarlo a los votantes con diferentes autonomías. Además, su socio de gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, mantuvo su postura de que la reforma debería incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de Niveles Básicos de Beneficios (LEP), que garantizan un nivel mínimo de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debería estar vinculada a una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir las marcadas diferencias regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur se opone a esta autonomía.
En respuesta, el centro izquierda anuncia un referéndum sobre la derogación de la ley, que exigiría la recogida de 500.000 firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que expresó su preocupación por la creación de «dos Italias». Mons. Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió que si se aplica esta reforma, se corre el riesgo de crear un «salvaje oeste» para las regiones más pobres.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también destacó la importancia de preservar la solidaridad entre regiones, subrayando que la unidad de la república debe prevalecer sobre la división.
