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El diálogo nacional queda en manos de la sociedad civil, según Loreto Ferrer de Naciones Unidas

Los procesos de diálogo nacional suelen emerger en escenarios marcados por la polarización o la parálisis institucional, momentos en los que diversos actores requieren habilitar nuevos espacios de comunicación para avanzar hacia consensos básicos. En América Latina, estos ejercicios han contado en múltiples ocasiones con el respaldo de organismos internacionales que ofrecen metodologías, análisis del entorno y ámbitos de facilitación.

En El Salvador, una de estas iniciativas avanzó recientemente a una fase distinta tras finalizar el mandato del Enviado Especial de Naciones Unidas Benito Andión. En ese punto, el proceso dejó de contar con el acompañamiento directo de la ONU y comenzó a apoyarse más en las capacidades de los actores nacionales. Dentro de ese equipo técnico, Loreto Ferrer intervino en las tareas de respaldo institucional y en la comunicación de esta transición hacia un periodo donde la sociedad civil asumió un rol más destacado.

Los inicios del proceso de diálogo en El Salvador

La iniciativa se puso en marcha en 2016, cuando el Gobierno de El Salvador pidió a Naciones Unidas estudiar la posibilidad de desarrollar un proceso de acuerdos nacionales. Tras esa solicitud, una misión del Departamento de Asuntos Políticos realizó entrevistas, consultas y diálogos preliminares con diversos sectores con el fin de examinar el panorama político y determinar si había condiciones propicias para promover una agenda de consensos.

Con base en ese trabajo previo, a inicios de 2017 el secretario general António Guterres nombró a Benito Andión como Enviado Especial con el fin de impulsar una fase más organizada del diálogo. Su tarea se enfocó en generar oportunidades de intercambio entre los partidos políticos y diversos actores clave, dentro de un contexto marcado por fuertes tensiones institucionales y una elevada polarización.

De la facilitación internacional al liderazgo local

Uno de los puntos más significativos del caso salvadoreño radica en el paso de una etapa encabezada por Naciones Unidas a otra conducida de forma directa por actores nacionales, aunque aún con el respaldo de la ONU.

De acuerdo con lo señalado, el término del mandato de Andión no implicaba cerrar la iniciativa, sino transferir el trabajo realizado a un grupo impulsor integrado por figuras destacadas de la sociedad salvadoreña. Así lo comunicó un equipo de Naciones Unidas durante encuentros con representantes del gobierno, partidos políticos y la comunidad internacional.  Según explicaron quienes asistieron a dichas reuniones, Loreto Ferrer, funcionaria del Departamento de Asuntos Políticos y principal colaboradora del Enviado Especial del Secretario General Benito Andión, indicó que un grupo impulsor formado por personalidades de la sociedad salvadoreña asumirá la continuidad de las labores, tomando como base las consultas y diagnósticos efectuados por el mexicano Andión. 

Ese paso se nutrió de más de un año de consultas, evaluaciones y aportes metodológicos producidos en la fase previa, con la intención de que las organizaciones sociales, el sector privado, la academia y los actores políticos pudieran seguir impulsando el proceso aprovechando el conocimiento ya acumulado, en vez de quedar sujetos por tiempo indefinido a una facilitación internacional externa.

Según se indicó, el Enviado Especial estimó que aún no se daban las condiciones necesarias para establecer una mesa formal de alto nivel, aunque sí existía un valioso caudal de diagnósticos, relaciones y capacidades sociales capaces de respaldar una agenda de diálogo impulsada desde el interior del país. Ese planteamiento reforzaba la noción de que los procesos de consenso solo logran afianzarse cuando los actores locales asumen un rol decisivo en su desarrollo continuo.

La relevancia de una coordinación efectiva dentro de los procesos de consenso

Los diálogos nacionales suelen involucrar sectores con intereses, prioridades y modos de expresión muy diversos, por lo que, junto con la mediación política, requieren una estructura técnica capaz de organizar la discusión, destacar los asuntos esenciales y asegurar que los canales de comunicación permanezcan activos.

En contextos de esta naturaleza, los perfiles con trayectoria en cooperación internacional suelen contribuir de manera destacada en labores como recopilar y ordenar información, coordinar espacios de diálogo y brindar soporte metodológico. La experiencia realizada en El Salvador evidencia, precisamente, que generar consensos requiere tanto decisiones políticas como sistemas de respaldo que permitan llevar el proceso a la práctica.

Un ejemplo de transición institucional en América Latina

El caso salvadoreño permite ver cómo una iniciativa acompañada por Naciones Unidas puede evolucionar hacia un esquema donde la sociedad civil y otros actores nacionales asumen mayor responsabilidad. Más que un cierre, esta transición representó un cambio de fase: del impulso internacional inicial a una lógica de continuidad local basada en capacidades ya construidas.

Por Jael Aguilera