El Gobierno de Honduras sorprendió esta semana al anunciar su intención de poner fin al tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 15 de enero de 1912. Este acuerdo, vigente desde hace más de un siglo, ha sido fundamental en la colaboración entre ambos países en temas relacionados al crimen organizado, especialmente al narcotráfico. La noticia fue comunicada por el canciller Enrique Reina, quien afirmó que esta decisión responde a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se dio a conocer luego de una publicación de Castro en su cuenta oficial X (antes Twitter), donde ordenó denunciar formalmente el tratado. Según el presidente, esta medida está respaldada por la Constitución de Honduras y tratados internacionales. Además, justificó su decisión señalando una supuesta injerencia e intervencionismo por parte del Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar influir en la política interna hondureña a través de su Embajada y otros representantes diplomáticos en Tegucigalpa.
Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, emitiera declaraciones críticas tras una reciente visita a Venezuela de altos funcionarios hondureños. Entre los asistentes estuvieron el Ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar. Durante su visita, funcionarios hondureños se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, quien ha sido acusado por Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico desde 2019.
La embajadora Dogu expresó su sorpresa al ver a representantes del Gobierno hondureño reunirse con un funcionario vinculado a actividades ilícitas según acusaciones de Estados Unidos. En sus palabras, señaló: «Para mí fue sorprendente ver a funcionarios de este Gobierno sentados con miembros de un cartel». Estas declaraciones intensificaron las críticas al gobierno de Castro, quien ha insistido en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha negado rotundamente cualquier vínculo con actividades de narcotráfico y ha reiterado sus esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial del Ministerio Público venezolano sobre estas acusaciones.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición ha generado un intenso debate. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto intolerante que podría favorecer la impunidad en casos de narcotráfico. Según Barrientos, la denuncia del tratado no es suficiente por sí sola para que éste deje de surtir efecto. Explicó que, para concretar esta decisión, el asunto debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se necesita una mayoría calificada para reformar la Constitución y modificar el marco legal relacionado con la extradición.
Actualmente, el oficialismo Libertad y Refundación (Libre) cuenta con 54 diputados de los 128 que componen el Congreso, lo que lo deja lejos de los 86 votos necesarios para aprobar cualquier resolución de este tipo. Esto complica las posibilidades de que el tratado sea derogado inmediatamente, lo que podría mantenerlo vigente por el momento.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque fue firmado en 1909, no entró en vigor hasta 1912. En 2013, fue modificado para incluir la extradición de ciudadanos hondureños acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, marcando un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños por este tipo de delitos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Este caso ha sido uno de los más emblemáticos de la historia reciente de Honduras. Durante el juicio a Hernández surgieron acusaciones contra otros exfuncionarios y expresidentes, como Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como contra Carlos Zelaya, actual diputado y secretario del Congreso Nacional. En agosto, el fiscal general Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los hondureños mencionados en el proceso judicial contra Hernández en Estados Unidos, lo que ha generado expectativas sobre posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también ha generado reacciones internacionales. CNN ha solicitado comentarios tanto a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como al Departamento de Estado para conocer su postura ante este anuncio, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta oficial.
A nivel interno, el debate sobre la extradición toca un tema particularmente sensible para Honduras, un país que ha enfrentado el impacto del narcotráfico y la corrupción durante años. El tratado de extradición ha sido una herramienta clave para combatir estos problemas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno de Xiomara Castro abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que la denuncia del tratado podría tener implicaciones tanto diplomáticas como económicas. La relación entre Honduras y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha, con cooperación en áreas como seguridad, comercio y asistencia humanitaria. Una ruptura en este ámbito podría afectar la percepción internacional del país y generar tensiones adicionales en momentos en que la región enfrenta desafíos comunes en materia de gobernanza, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, la decisión del Gobierno de Honduras de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos representa un momento crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. Aunque aún no se ha concretado la denuncia del acuerdo, el debate que ha generado refleja profundas divisiones sobre cómo abordar los problemas estructurales que afectan a la nación. Por ahora, el futuro del tratado y su impacto en la lucha contra el narcotráfico sigue siendo incierto.
