Bosnia y Herzegovina: cómo reducir la fragmentación económica y aumentar la inversión
Bosnia y Herzegovina enfrenta una doble dificultad: una estructura político-administrativa fragmentada que multiplica normas y trámites, y niveles de inversión extranjera directa y empleo productivo por debajo de su potencial. Abordar ambas dimensiones requiere una combinación de reformas institucionales, incentivos económicos, mejoras regulatorias y proyectos concretos que generen confianza para inversionistas domésticos y extranjeros.
Diagnóstico breve y datos relevantes
La división territorial del país en dos entidades (Federación de Bosnia y Herzegovina y República Srpska), sumada al Distrito de Brčko y al régimen de cantones en la Federación, genera una superposición de funciones en materia de tributos, licencias y corporaciones estatales. Los efectos detectados son los siguientes:
- Costes administrativos elevados: múltiples registros, licencias y controles aumentan tiempo y costos para emprender.
- Inseguridad jurídica: heterogeneidad normativa y judicatura débil reducen la protección de contratos y la ejecución de inversiones.
- Bajos flujos de inversión: la inversión extranjera directa y el crédito productivo son inferiores a la media de la región occidental de los Balcanes.
- Desempleo estructural: tasas de desempleo y desempleo juvenil por encima de la media europea, así como salida de talento al exterior.
Según cálculos globales hasta 2023, el producto interno bruto nominal de la nación rondaba los veinte mil millones de dólares, mientras que el paro presentaba tasas elevadas frente a sus colindantes; la reactivación financiera postpandemia resultó discreta y el flujo de inversión extranjera continuó siendo escaso. Dichos indicadores demandan medidas concretas y cuantificables.
Objetivos estratégicos
- Crear un mercado interno efectivo que reduzca barreras entre entidades.
- Mejorar la gobernanza y la aplicación de la ley para aumentar la seguridad jurídica.
- Aumentar la inversión pública y privada en infraestructura y transición energética.
- Fortalecer el sector privado local y las exportaciones mediante apoyo a pymes y clústeres productivos.
Reformas institucionales prioritarias
- Armonización fiscal y de comercio: pactar unas directrices compartidas respecto al impuesto al valor agregado, los aranceles y las exenciones, implementando instrumentos de compensación entre las regiones para prevenir mermas recaudatorias locales.
- Un espacio económico único: la consolidación de una normativa para la libre circulación de productos y servicios entre jurisdicciones, suprimiendo trabas burocráticas superfluas y estableciendo la aceptación recíproca de permisos y certificaciones.
- Ventanillas únicas digitales: desplegar una plataforma electrónica nacional destinada a la tramitación de licencias, inscripciones mercantiles, autorizaciones de construcción y permisos ambientales, sujeta a plazos límite estrictos.
- Entidad coordinadora para inversión: constituir un organismo estatal de atracción de capitales que articule su labor junto a las oficinas regionales, impulse iniciativas listas para ejecutar y administre estímulos claros.
- Reforma del sistema judicial y anticorrupción: potenciar la autonomía de los tribunales, dotar de órganos mercantiles especializados a la justicia y fortalecer los gabinetes anticorrupción dotándolos de facultades de investigación y nexos internacionales.
Medidas económicas y regulatorias concretas
- Incentivos temporales y condicionados: plantear beneficios tributarios y ayudas financieras para aquellas iniciativas capaces de crear empleo formal, impulsar el desarrollo tecnológico o dinamizar las regiones, sujetándose siempre a cláusulas de cumplimiento comprobables.
- Simplificación de permisos y regulaciones laborales: acortar los tiempos de contratación y desvinculación, actualizar los procesos de supervisión en el trabajo e implementar esquemas de empleo temporal destinados a jóvenes y personas retornadas.
- Política industrial orientada a clústeres: reconocer las áreas con ventajas competitivas —tales como la metalurgia, la maquinaria ligera, la agroindustria, las TIC y el turismo— respaldando los parques industriales junto con centros de capacitación alineados con el sector empresarial.
- Fomento de asociaciones público-privadas (APP): definir reglas claras para las concesiones en los ámbitos de transporte, energía y tratamiento de desechos, asegurando la separación de funciones, la claridad de procesos y el análisis social.
- Acceso a financiamiento: instrumentar líneas de crédito blando para las pequeñas y medianas empresas, instrumentar avales parciales y fomentar fondos regionales de capital de riesgo que estimulen la llegada de coinversiones del exterior.
Proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas
- Modernización de redes energéticas: invertir en interconexiones, eficiencia y generación renovable para reducir dependencia de combustibles fósiles y atraer proyectos verdes.
- Corredores logísticos: rehabilitar carreteras y ferrocarriles que conecten polos industriales con puertos regionales, reduciendo costes de exportación.
- Parques industriales “llave en mano”: desarrollar zonas con servicios básicos, permisos preaprobados y logística para acelerar la instalación de empresas manufacturas.
- Proyecto piloto de digitalización municipal: varias municipalidades coordinadas para ofrecer servicios digitales, catastros actualizados y contratos públicos transparentes, mostrando efectos replicables.
Tácticas humanas y de capital relacional
- Formación técnica y reconversión: programas de formación profesional en alianza con empresas para cubrir necesidades concretas de mano de obra cualificada.
- Reconocimiento de títulos y movilidad laboral: acuerdos para el reconocimiento rápido de cualificaciones dentro del país y estímulos para retorno de profesionales expatriados.
- Participación ciudadana y transparencia: plataformas abiertas de datos sobre contratos públicos, inversión y resultados económicos para fortalecer confianza social.
Mecanismos de financiamiento y cooperación internacional
- Uso eficiente de fondos de preadhesión: canalizar recursos de la Unión Europea y bancos multilaterales hacia reformas institucionales y proyectos de infraestructura priorizados.
- Apoyo de organismos financieros: líneas de crédito y garantías del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial y bancos regionales para mitigar riesgos iniciales.
- Movilización de la diáspora: vehículos financieros y bonos para inversión en vivienda, pymes y proyectos verdes, aprovechando remesas y capital humano.
Métricas para evaluar los avances
- Incremento del ratio IED/PIB y número de proyectos greenfield aprobados.
- Reducción del tiempo y costo para registrar una empresa y obtener permisos de construcción.
- Mejora en indicadores de facilidad para hacer negocios y en percepciones de corrupción.
- Creación neta de empleo formal, especialmente juvenil, y aumento de las exportaciones por sector.
Riesgos y medidas de mitigación
- Resistencia política: negociar reformas por etapas, enfocadas en beneficios tangibles para entes subnacionales y con compensaciones fiscales temporales.
- Captura por intereses: reforzar transparencia, evaluación independiente de proyectos y participación de la sociedad civil.
- Choques externos: diversificar socios comerciales y promover cadenas de valor regionales para reducir vulnerabilidad.
Las respuestas integradas, que abarcan desde la convergencia reglamentaria y el establecimiento de un mercado unificado hasta iniciativas tangibles de infraestructura y capacitación, tienen el potencial de convertir la división institucional en una ocasión propicia para modelar un esquema de captación de capitales mucho más eficaz y equitativo. El avance demanda metas definidas, indicadores comprobables y una dirección política dotada de la capacidad para compaginar las demandas locales con el respaldo técnico y económico global; únicamente de esta manera el país logrará potenciar su competitividad en el ámbito continental y brindar horizontes estables a las futuras generaciones.
