El 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó, por mayoría, a favor de avanzar con el pliego de condiciones para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin embargo, esta decisión provocó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien advirtió de supuestos riesgos de desestabilización electoral ante lo que calificó como la posible repetición de prácticas cuestionables del pasado.
El pleno dio su visto bueno al trep y generó tensiones
En una votación dividida dos contra uno, se autorizó el proceso de licitación del TREP, generando críticas intensas de sectores vinculados al bipartidismo. Uno de sus líderes aseguró que Ochoa parecía temer por su continuidad en el órgano electoral y lo acusó de realizar gestiones en Sudamérica con el supuesto propósito de favorecer a empresas específicas.
Este clima de tensión se agudiza debido a las acusaciones de Ochoa sobre un posible vínculo entre el bipartidismo y proveedores del sistema electoral con antecedentes polémicos. Ochoa sostuvo que se pretendía asignar el TREP a una empresa bajo un nombre distinto, la misma que operó en procesos previos, según su advertencia.
Ochoa denuncia intento de repetir modelo cuestionado
El asesor señaló la posible reaparición de un sistema semejante al implementado en 2017, cuando varios procesos electorales fueron criticados por su falta de transparencia. Ochoa afirmó que hay un riesgo de que con diferentes nombres se utilice la misma compañía nuevamente, poniendo en duda las estructuras detrás de la adjudicación. Destacó que este enfoque forma parte de un patrón histórico que intenta preservar el control del TREP en manos de los dos principales partidos políticos.
Contrapuntos: exconsejeros y actores políticos
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros exfuncionarios recordaron que la aprobación del pliego fue una decisión legal y colegiada del Consejo, indicando que ahora corresponde el debate técnico tras dicha aprobación.
Aspectos técnicos y legales del TREP
El debate no se limita a acusaciones políticas, también incluye matices legales. Un factor importante es la interpretación de normas electorales relacionadas con la transmisión de datos y actas. Ochoa insistió en que la legislación exige transparencia total mediante una interconexión directa con partidos y observadores, pero análisis independientes han explicado que el mandato legal se limita al nivel presidencial y a plazos específicos, como lo define el artículo 278 de la Ley Electoral.
Según expertos, lo establecido es que las actas presidenciales deben transmitirse simultáneamente al CNE y a los partidos, pero el artículo 279 no exige hacer lo mismo con todas las actas ni extender la obligación más allá del nivel presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La líder del CNE destacó que este método no funcionará como un sistema automatizado sin intervención humana, evitando situaciones similares a otras naciones donde la transmisión se hace solo a través de computadoras. Afirmó que las regulaciones diferencian claramente entre el conteo, realizado en el lugar de votación, y la comprobación que lleva a cabo el CNE, manteniendo controles humanos vigentes.
Desde distintos partidos se manifestaron dos posturas: uno aplaudió la aprobación alegando que reduce márgenes para posibles manipulaciones, mientras otro acusó al consejero de Libre de querer imponer estructuras autoritarias similares a las de Venezuela.
Potenciales efectos y procedimientos legales
La acusación de Ochoa ha generado un escenario de incertidumbre. Por un lado, se vislumbra la posibilidad de impugnaciones legales a la licitación del TREP. En tribunales o instancias de revisión, se podrían argumentar irregularidades técnicas o favoritismo, en caso de que se confirme que una empresa con historial cuestionado participa nuevamente.
Además, el conflicto político podría minar la confianza en los resultados iniciales, impactando la legitimidad del proceso electoral que concluirá en noviembre. La tensión proviene tanto de sectores que demandan más transparencia como de grupos que sostienen la institucionalidad conjunta del CNE.
Desafíos para la institucionalidad electoral
El caso refleja los desafíos que enfrenta el CNE. Es cada vez más evidente la necesidad de reforzar los mecanismos técnicos, legales y políticos asociados al TREP. Reclamos como los de Ochoa pueden ser constructivos si fomentan revisiones obsesivas, pero también pueden ser utilizados como herramientas de desgaste político.
Para asegurar confianza, es esencial que existan:
- La claridad en los estándares de adjudicación del TREP, asegurando ausencia de favoritismos.
- El fortalecimiento de mecanismos legales que permitan auditar y, en caso necesario, impugnar decisiones del CNE.
- La inclusión de actores externos —observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en procesos de supervisión.
- El diálogo colegiado como instrumento para remontar tensiones internas.
